El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó un Proyecto de Ley Orgánica y un Real Decreto Ley con el objetivo de crear un mecanismo de financiación a entidades locales para el pago a proveedores, así como el otorgamiento del aval del Estado en futuros mecanismos de financiación de todas las Administraciones públicas con la misma finalidad. En concreto, los proveedores de las entidades locales comenzarán a cobrar las facturas pendientes en el próximo mes de mayo. La antigüedad y el descuento serán tenidos en cuenta para la prioridad en el cobro.
La condición que debe cumplir el proveedor para tener derecho al cobro de sus facturas es que se trate de obligaciones pendientes de pago generadas por obras, servicios o suministros realizados antes del 1 de enero de 2012 y que, además, se trate de contratos incluidos en el ámbito de lo recogido en la Ley de Contratos del Sector Público.
Procedimiento
Con el propósito de conocer la cuantía exacta que tienen pendiente de cobro los proveedores, las entidades locales deberán emitir telemáticamente y con firma electrónica al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, antes del 15 de marzo, una relación de todas las obligaciones pendientes de pago. En ellas debe constar la identificación del contratista, el importe, la fecha de recepción de la factura y si se ha iniciado o no un trámite judicial por parte del contratista para su cobro.
Las Entidades Locales permitirán a los contratistas consultar su inclusión y las cuantías que les afecta. En el caso de que no aparezcan en el listado los contratistas aportando la documentación necesaria, podrán reclamar a su ayuntamiento que emita un certificado individual y éste no podrá negarse.
La norma contempla que el incumplimiento por parte de los funcionarios competentes de las obligaciones de expedición de certificaciones y comunicaciones previstas tendrá la consideración de faltas muy graves.
22.300 millones de deuda en la obra pública
Según la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), la deuda viva del sector público relacionada con la obra pública es de unos 22.300 millones de euros. De este importe total, unos 16.800 millones de euros, el 75,3% del total, se trata de deuda vencida y en mora. Los plazos medios de pago se sitúan en unos 170 días. El presidente de la CNC, Juan F. Lazcano, manifestó la semana pasada su satisfacción ante el anuncio del Gobierno, una medida que considera supondrá ‘un soplo de aire fresco’ para las compañías del sector de la obra pública y los servicios.
La patronal destacó que se trata de la ‘primera vez que un Gobierno toma una medida de este tipo’. ‘Una medida que, además, mejora la propuesta de pago de deuda que el sector venía realizando desde hace dos años”, según explicaron a Europa Press fuentes de la CNC.
Las firmas contratistas de obra pública y servicios urbanos venían demandando un plan de pagos de la Administración que se aprobara en el Parlamento ‘con el fin de que tuviera fuerza suficiente para que las entidades financieras se fiaran’.
La iniciativa del Gobierno es, en opinión de Lazcano: ‘Más eficaz, más rápida y más limpia’. No obstante, la patronal considera que podría conllevar una pequeña quita, ‘dado que los gastos de gestión correrán a cargo de las empresas (las que cobran) y no del que paga’, matizaron las mismas fuentes.
Reacción de las federaciones sindicales del sector
El secretario federal y responsable del sector de la construcción de MCA-UGT, Juan Carlos Barrero, subrayó también la pasada semana que las leyes se elaboran para ser cumplidas y que el Gobierno y las Administraciones Públicas deberían dar ejemplo y ser las primeras en hacerlo. La Federación lleva años denunciando la destrucción de empleo y la situación en la que se encuentran miles de trabajadores cuyas empresas se ven abocadas al cierre no sólo por la crisis del sector y por los recortes en la inversión pública, sino también, y de modo muy especial, por el tremendo retraso en los pagos de las Administraciones Públicas.
“El grave problema que está suponiendo el retraso del pago por parte de las Administraciones Públicas a sus proveedores, y que es especialmente dramático para miles de empresas y decenas de miles de trabajadores del sector de la construcción, no se resuelve con nuevas normativas, sino con medidas inmediatas que aseguren el cumplimiento de las ya existentes, en especial de la Ley de Morosidad”.
“Damos la bienvenida a cuantas medidas sirvan para despejar la dramática situación que sufren muchas empresas debido al impago de las Administraciones Públicas, pero reiteramos que lo fundamental es que el Gobierno se asegure de que la ley se cumpla. Las leyes se hacen para que se cumplan, y el Gobierno y las Administraciones Públicas deben dar ejemplo y ser las primeras en hacerlo”.
Por su parte, el secretario general de Fecoma-CCOO, Fernando Serrano, ha calificado la nueva medida aprobada por el Gobierno de “innecesaria, propagandística y usurera”. “Innecesaria porque ya se dispone de una Ley de Morosidad, que establece claramente los plazos y las formas de pago por parte de las Administraciones Públicas a las empresas y de éstas a sus proveedores”.
“Propagandística -agrega Serrano-, porque el Gobierno, en vez de hacer cumplir la legislación ya existente ha decidido sacar una nueva norma, para demostrar que gobierna y que se preocupa de la situación de miles de empresas, cuando en realidad lo que conlleva esta norma es un plazo mayor de dilatación en el cobro de las deudas”.
Y, finalmente, “usurera, al ‘premiar’ con una mayor rapidez en el cobro a aquellas empresas que acepten quitas de sus deudas, obligándolas a elegir entre quedarse a la cola, o perder aún más dinero para recuperar una parte del mismo”.
El secretario general de Fecoma-CCOO concluye que es una “curiosa forma de proteger a las empresas y contribuir a su futuro y a la creación de empleo y riqueza”.
Fuente: http://comunidadvalenciana.fundacionlaboral.org/web/esp/home.asp
